Ciencia
Puerto de Piriápolis (archivo, enero de 2016).

Un salvavidas para la ciencia en el agua

Buscan mejorar normativa que regula recursos acuáticos para que no ponga trabas a la investigación científica.

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El Decreto N° 115/018, promulgado por el Poder Ejecutivo el 24 de abril y publicado el miércoles, ha causado sorpresa y rechazo en varios investigadores del país. Reglamenta la Ley 19.175 de diciembre de 2013 y lleva el sugestivo nombre “Relativo a la declaración de interés general. Conservación, investigación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos y ecosistemas”. El decr...
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El Decreto N° 115/018, promulgado por el Poder Ejecutivo el 24 de abril y publicado el miércoles, ha causado sorpresa y rechazo en varios investigadores del país. Reglamenta la Ley 19.175 de diciembre de 2013 y lleva el sugestivo nombre “Relativo a la declaración de interés general. Conservación, investigación y el desarrollo sostenible de los recursos hidrobiológicos y ecosistemas”.

El decreto, que consta de 149 artículos y fue firmado por el presidente Tabaré Vázquez y los ministros Enzo Benech (Ganadería, Agricultura y Pesca), Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores), Jorge Menéndez (Defensa Nacional) y Eneida de León (Vivienda, Ordenamiento y Medio Ambiente), establece disposiciones y normas que reglamentan las actividades pesqueras. Sin embargo, en el artículo 44, dictamina cómo ha de procederse en la “pesca de investigación”. Allí se indica que “los permisos para la pesca con fines de investigación, científicos o docentes, podrán ser solicitados a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos [Dinara] por personas físicas o jurídicas con fines de investigación o docencia, mediante la presentación de un proyecto”, y luego establece 12 literales que refieren a cuestiones burocráticas; por ejemplo, requisitos que deberán incluir esos proyectos, como el currículum de cada uno de los miembros del personal técnico de la investigación.

Sin embargo, distintos actores de la ciencia han objetado el literal “l”, que dice que quienes busquen ese permiso deberán tener el “compromiso de no dar publicidad a cualquier tipo de información, especialmente de los datos obtenidos, sin autorización expresa de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos”. Si bien hay investigadores que hablaron de “mordaza” o “censura a la ciencia”, otros hicieron comentarios menos altisonantes pero con la misma preocupación. El biólogo Germán Botto, que hoy está haciendo su maestría en Montana, Estados Unidos, expresó en las redes: “Que los datos tengan que ser entregados a la Dinara tras una investigación, es razonable; pero esa discrecionalidad que plantea el decreto, dejando en manos de Dinara si se publican o no los resultados, es una locura”.

El artículo 45 establece que para “realizar actividades de investigación con fines ambientales también será necesaria la presentación de un proyecto de acuerdo al artículo precedente”, y el 48, si bien dispone que hay que notificar a la Dinara para que autorice la investigación que implique la “extracción u obtención directa o indirecta” de “organismos hidrobiológicos”, también dispone que “los resultados y datos obtenidos en lo que respecta a las competencias de Dirección Nacional de Recursos Acuáticos deberán ser puestos a disposición de este organismo antes de su utilización o divulgación en cualquier medio”. Botto comenta: “Con esas definiciones, hacer un muestreo de agua para relevar presencia de cianobacterias (para ser recurso, tiene que ser aprovechable por el hombre, cuestión al menos controvertida para las cianobacterias tóxicas), quedaría fuera del alcance del decreto, pero lo meten a prepo en el artículo 45”. Agrega: “Tampoco definen qué es, a efectos de este decreto, la investigación con fines ambientales”. Botto culmina su reflexión diciendo: “Como investigador no me molesta tener que rendir cuentas del trabajo que hacemos. Sin embargo, este decreto tiene problemas en su redacción y elementos que son peligrosos para el desarrollo de la investigación científica y para el acceso público a la información de calidad”.

Todo tiene arreglo

Un grupo de 15 docentes de la Universidad de la República (Udelar) interpusieron un recurso administrativo ante el Poder Ejecutivo, al tiempo que trasladaron su inquietud al Consejo Regional del Centro Universitario de la Región Este, solicitando que las autoridades centrales universitarias realizaran gestiones ante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en relación a la normativa. La alarma fue recogida por el rector de la Universidad, Roberto Markarian, que organizó a fines de la semana pasada un encuentro al que asistieron Juan Cristina, decano de la Facultad de Ciencias; Cecilia Fernández, prorrectora de Investigación de la Udelar; Benech, y Andrés Domingo, director de la Dinara.

Cecilia Fernández declaró a este medio que tanto el ministro como el director de la Dinara “reconocieron la importancia de la Universidad en cuanto a la investigación de esos temas para el país”. Lejos de comentar artículo por artículo, Fernández cuenta que los planteos que hicieron “fueron genéricos sobre el capítulo VII, que refiere a la pesca de investigación, y a una serie de inconvenientes que veíamos que genera a la posibilidad de realizar actividades de investigación dentro de la Universidad”. A diferencia de otros encuentros entre distintos organismos, este fue auspicioso, ya que, según Fernández, “el planteo fue recibido y acordamos crear un grupo conjunto, una comisión, entre la Universidad y la Dinara para ajustar la normativa de manera que no se entorpezcan las investigaciones”.

La idea es que personas de la división jurídica de la Universidad acompañen las reuniones de esa comisión “porque hay que ver aspectos técnicos pero también normativos”. Fernández agrega que espera que en la comisión que se constituya “esté presente el secretario de Ciencia y Tecnología, Eduardo Manta” e incluso reflexiona: “Quiero creer que si la secretaría hubiera existido en el momento en que se elaboró el decreto, nos estaríamos evitando todo esto”. También considera que en los encuentros debería tener también participación la Dirección Nacional de Medio Ambiente. En un país en el que los desencuentros tienen más destaque que los acuerdos, es una noticia casi insólita que varias instituciones aúnen esfuerzos para mejorar la letra de un decreto.

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